La Justicia, roída por las ratas en Ciutadella

El pobre Sebastià Marquès no ha podido vivir lo que el lunes se fraguó en Palma. Quien fuera propietario del solar más mediático de Ciutadella no ha conocido la sentencia del proceso que debía determinar si quien le compró su parcela y quienes luego participaron en el proceso para intentar cambiarla por otra cometieron algún delito. Marquès murió hace unos meses. La Justicia, de nuevo, fue lenta, muy lenta, y de nuevo defraudó a un ciudadano que había confiado en ella. En este caso, además, no es al único a quien defraudó. A título quizás de anécdota, la edición digital de este periódico realizó ayer una encuesta entre los internautas, preguntándoles si creían que la sentencia del caso de “Ses Rates” era justa. A la hora en que escribo estas líneas, el 92 por ciento de quien ha contestado cree que no.

Efectivamente, el final de este caso merece muchos análisis. El primero, y el más extendido en los comentarios anónimos de los periódicos digitales, es la sorpresa por las condenas mínimas que han recaído sobre los imputados. Es la consecuencia del acuerdo de conformidad alcanzado entre todas las partes, incluidas aquellas que pedían penas mucho más altas. Las reglas del juego así lo permiten, y por tanto, es un acuerdo legal y legítimo. Pero no deja de llamar la atención que de una petición de 75.000 euros de multa se pase a una sanción de 270. Hay gente que opina que con esta sentencia, la Justicia ha perdido ese factor ejemplarizante que en teoría debe tener, es decir, servir de aviso para navegantes y mostrar que quien la hace, la paga, como dice el refrán catalán.

Y es que si una cosa ha conseguido el acuerdo firmado ayer es que todos los imputados, los seis, admitieran ser culpables de algún delito. Algunos dijeron que lo hacían para evitar eternizar más el proceso y para dar carpetazo a un tema que llevaba más de siete años en espera. Pero aunque sea así, estas personas han confesado delante un tribunal y delante de toda la sociedad que han infringido las normas que, cinco de ellos, debían guardar con más cuidado que otros por ser cargos o funcionarios públicos. Lo comentaba ayer un compañero de profesión a través del twitter: oficialmente, ya son delincuentes. El PSOE también destacaba que, más allá de la condena que un juez pueda imponerles, la sociedad ya los ha condenado. Quizás es una frase dura, y quizás los medios, con la llamada pena del telediario, ya los habían condenado antes, pero realmente, Avel·lí y Llorenç Casasnovas (que ninguna relación familiar tienen entre ellos, como sospechaban algunos periodistas de Mallorca) han admitido haber delinquido y eso es grave.

Ellos dicen ser inocentes. Yo no juzgo, me remito a la sentencia. Ahora bien, sí creo que para quienes los votaron, debe ser especialmente frustrante que los Casasnovas admitan que han delinquido, aunque sea para evitar una condena mayor. A un político debería preocuparle especialmente demostrar que no ha traicionado la confianza de quienes optaron por él para gestionar su dinero. Es aquello de no solo ser honrado, sino también parecerlo. Desde el lunes, los Casasnovas, ante la Justícia, ya no lo parecen. Ahora no podrán volver a elegirles durante un tiempo, pues están inhabilitados para desempeñar un cargo público, pero a ellos les da igual. Su etapa política está más que quemada.

Del juicio del lunes, que presencié en directo, hubo otras cosas que me llamaron poderosamente la atención. Por ejemplo, el hecho de que se haya tardado mucho tiempo en juzgar los hechos sirva para reducir las condenas a los acusados. El sistema judicial español protege mucho a los imputados, me explicaba alguien del mundo jurídico en el patio de la Audiencia Provincial. Vale, eso está muy bien, porque la presunción de inocencia es un pilar básico, eso lo comparto. Pero es que así, el retraso endémico de la Justicia no solamente beneficia a los imputados, sino que, y sobre todo, perjudica a las víctimas, o dígamoslo en lenguaje jurídicamente correcto, presuntas víctimas. Si cuando más tarde un juez en dictar sentencia, menor será la condena, ya me sé yo cuál sería mi estrategia si fuera abogado, retrasar el proceso con mil recursos y aprovechando todos los recovecos de las normativas.

Me quedo también con otro detalle de lo sucedido el lunes en Palma. Se planteó, como ya habrán leído, que el caso de “Ses Rates” fuera juzgado por un tribunal popular. Ya saben, personas como usted y como yo, en plan película americana, escuchando a testimonios y abogados, y después decidiendo el futuro de los acusados. Me sorprendió que fuera un letrado quien advirtiera del riesgo de dejar en manos de ciudadanos, que también son votantes, casos en que se juzga a políticos. Totalmente de acuerdo con el letrado, pero me pregunto por qué en otros casos no se hizo esta reflexión antes. Por ejemplo, en Valencia.

En resumen, de lo visto en Palma concluyo que esta Justicia que nos debe proteger está bastante roída. Insisto, no juzgo a nadie, eso ya lo hacen los jueces, y el caso de “Ses Rates” ha quedado sentenciado, por mucho que haya quien piense que los periodistas solo decimos mentiras y luego ante un tribunal admitan lo que los periodistas han contado. Este queso que es el sistema judicial está lleno de agujeros, y ya se sabe que los ratones se meten en todas partes.

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